La inseguridad alimentaria en lo que respecta a la cantidad y distribución de los alimentos, es un problema antiguo y sangrante por ser la causa directa de la malnutrición, el hambre y la muerte de una parte significativa de la población mundial.
La calidad y la seguridad de los alimentos que comemos está cada vez más en entredicho a raíz de los escándalos alimentarios. Con ello, crece la desconfianza de la población. A su vez, se han puesto de manifiesto las contradicciones de la alimentación actual.Los ingredientes: dioxinas en los pollos, priones locos en las vacas, transgénicos y antibióticos para el engorde; las formas y condiciones de producción y de trabajo en el campo y en las industrias de transformación: intensificación de cultivos y ganado, alteración de los procesos naturales, competitividad y abaratamiento de costes a ultranza, mano de obra precarizada en las industrias de transformación y empleada en condiciones de esclavitud en los invernaderos; las formas de distribución y consumo: concentración y monopolio de empresas transnacionales que controlan producción-distribución-consumo, predominio de grandes superficies que ofrecen gran variedad de alimentos importados a bajo coste y que emplea a jóvenes mediante contratos basura, generalización de restaurantes de comida rápida, etc. Esta es la dimensión cualitativa de la falta de seguridad alimentaria que afecta a la salud.
Se promueven alimentos transgénicos, semillas estériles<[2]> y patentes<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> sobre seres vivos, como la solución de los problemas originados por la agricultura industrial cuando, en realidad, son la máxima expresión de dicho modelo de producción industrializada de alimentos.
Formular adecuadamente los problemas cuantitativos y cualitativos de la inseguridad alimentaria supone interrogarse sobre el modelo de producción, distribución y consumo de alimentos propiciado por la Organización Mundial para la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) e impulsado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través de la liberalización del comercio de los productos agrícolas. Un modelo que se desentiende tanto de las necesidades sociales y ecológicas, como de sus consecuencias actuales y futuras. Que crece en abierta oposición a los derechos de la población (campesina o consumidora) a una alimentación suficiente, saludable y nutritiva, a una vida digna en su propia tierra y a su cultura tradicional.
EL MODELO GLOBALIZADO DE ALIMENTACIÓN
Este modelo capitalista de alimentación a nivel mundial ha demostrado ya su incapacidad para resolver los problemas de seguridad alimentaria. Es más, activa las condiciones para el aumento de la inseguridad, tanto desde el punto de vista de la cantidad, como de la calidad de los alimentos:
<!–[if !supportLists]–>1) <!–[endif]–>No se produce lo que necesita la población para una alimentación sana y suficiente, sino lo que asegura más beneficios al capital invertido.
<!–[if !supportLists]–>2) <!–[endif]–>Al perseguir el abaratamiento de los costes y la competitividad en una cadena de distribución planetaria, este modelo enfrenta a productor@s y consumidor@s en intereses contrapuestos y enormemente alejados.
<!–[if !supportLists]–>3) <!–[endif]–>Elimina la pequeña producción agroalimentaria y a l@s campesin@s, reemplazándoles por empresas o sociedades anónimas que concentran la producción y la distribución donde les es más rentable.
<!–[if !supportLists]–>4) <!–[endif]–>Convierte la agricultura y la ganadería en una factoría industrial. El oficio y la habilidad del agricultor/a y su conocimiento de la naturaleza no tienen el menor valor siendo sustituidos por producción en serie.
<!–[if !supportLists]–>5) <!–[endif]–>Se trata a los animales como máquinas productoras de carne, leche o huevos, con los riesgos ya conocidos de alteración del ciclo natural, la generación de enfermedades como la EEB (vacas locas), la propagación de salmonella, listeria, E. Coli, activada por el hacinamiento del ganado y transmitida a personas que manipulan e ingieren carne o productos derivados, la contaminación de los piensos por dioxinas, etc.
<!–[if !supportLists]–>6) <!–[endif]–>No se vela por la calidad de los alimentos sino, tan sólo, por el cumplimiento de la legalidad: informar en las etiquetas, no incorporar productos prohibidos o en dosis no autorizadas. A las sustancias nuevas que van a ser autorizadas para intervenir en la producción de alimentos, no se les pide la ausencia de riesgos directos o indirectos para la salud o el medio ambiente. Se aceptan ciertos umbrales de contaminación y riesgo y sólo se abordan los riesgos conocidos. No se aplica el principio de precaución ante la duda o los riesgos de los que se desconoce su resultado.
<!–[if !supportLists]–>7) <!–[endif]–>Se viola el derecho a la soberanía alimentaria como “derecho de los pueblos a definir su propia política agraria y alimentaria”, mientras se consolidan las patentes sobre la vida.
<!–[if !supportLists]–>8) <!–[endif]–>Se esquilman y privatizan territorios, recursos naturales, agua, suelo, semillas, etc., provocando una contaminación y desertización crecientes que aumentan la dependencia, la pobreza, el hambre, el desarraigo y la emigración forzosa.
LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y DE LOS GOBIERNOS
A pesar de todo esto, ni la FAO ni la OMS se cuestionan este modelo productivo que provoca inseguridad alimentaria. Separan las dos dimensiones de la seguridad alimentaria (cantidad y calidad) y promueven tan sólo soluciones técnicas. En el caso de la calidad de los alimentos proponen controles analíticos cuya premisa es la demostración fehaciente del efecto perjudicial sobre la salud (eliminan sólo los productos que han demostrado ser la causa de enfermedades graves o muertes directas). En el caso de la cantidad, la solución es acelerar la industrialización agraria y alimentaria. El Gobierno de Bush presionaba en la última Cumbre Mundial de la Alimentación, junio 2002, para impulsar la ingeniería genética como solución al problema del hambre. Pero plantearse aisladamente ambos problemas y buscar soluciones meramente técnicas es no querer resolverlos. No interrogarse sobre las causas que cronifican el hambre y la malnutrición por un lado, y que extienden y profundizan el deterioro de la calidad de los alimentos por otro, lleva a soluciones parciales, contradictorias, compasivas, que reproducen y agudizan un ciclo en el que l@s afectad@s ni siquiera pueden articular sus propias estrategias de defensa de la salud y la nutrición. No pueden ejercer su derecho a la soberanía alimentaria.
En el ámbito de la Unión Europea, al igual que en el resto de países ricos, la dimensión más evidente para la gran mayoría de sus ciudadan@s es la calidad alimentaria. Las instituciones y los gobiernos de la UE, responsables de la autorización de los productos que intervienen en la elaboración de alimentos, dicen sin el menor pudor, que el riesgo cero no existe. No dan garantías de calidad para toda la población. Se limitan a identificar seguridad alimentaria con inocuidad. El mercado es la institución que “debe solucionar” este problema. Se promueven etiquetas que fijan distintos niveles de calidad: alimentos ecológicos, alimentos naturales, alimentos de denominación de origen. Lo que queda sin etiquetar son alimentos convencionales y comida basura. Es decir, nichos de mercado que estratifican a la población consumidora por su poder adquisitivo. La alimentación suficiente y saludable no es un derecho para toda la población. La Política Agraria Común (PAC), desconsidera el impacto sobre la seguridad alimentaria de otros países y pone en un segundo plano todas las dimensiones (social, campesina, ecológica, etc.) que no tengan que ver con el abaratamiento de los costes y la competitividad de los productos agrícolas en el mercado mundial.
La Cumbre de Johannesburgo de Desarrollo Sostenible (2002), segunda edición de la Cumbre de Río, debería haber intentado impedir que la economía sea el argumento para aplazar, una vez más, las soluciones a los problemas alimentarios, sociales y ecológicos. Tras la primera Cumbre de la Tierra (1992) no sólo no se han reducido los problemas, sino que han aumentado (“Río menos 10”, ya que han perdido 10 años). Las grandes líneas en Johannesburgo: erradicar la pobreza; modificar las modalidades insostenibles de producción y consumo; proteger y gestionar los recursos naturales; comercio global; salud; y desarrollo sostenible. Pero, el presidente del primer bloque económico del mundo, EEUU, no apareció y el segundo bloque económico, la UE, presentó una propuesta de Pacto Global que pretendía aumentar la liberalización de los mercados, a cambio de apoyar la condonación de la deuda externa e invertir y transferir tecnologías a los países del Sur. Suavizar el camino para la nueva reforma de la OMC, desligando el crecimiento económico de la presión sobre los recursos medioambientales en los ámbitos de la energía, los residuos, el uso de sustancias químicas y la biodiversidad. La solución del Pacto Global, liberalización de los mercados en energía, agua y biodiversidad, significa que la riqueza potencial de tales recursos, radicada sobretodo en los países del Sur y soporte de comunidades indígenas y campesinas, quede “libre” en condiciones de mercado (es decir, privatizable) para ser “gestionada” y “protegida” por el capital internacional. El resultado, la iniciativa privada haciendo negocio con el pretexto de llevar agua y energía al 50% de los que carecen de ella, con el apoyo de algunas corporaciones no gubernamentales.
La “Ronda del Desarrollo” de la OMC que se inició en Doha (nov. 2001) tras el fracaso de Seattle, prometía reactivarse en la V Reunión Interministerial de Cancún (10-14/sep./2003), profundizando la orientación neoliberal que inició la Ronda de Uruguay, última Ronda del antecesor de la OMC. (Acuerdo General de Aranceles y Comercio o GATT). En Cancún, tanto EEUU como la UE esperaban un avance en la liberalización del comercio mundial. El cálculo se basaba en presuponer que los países pobres tuvieran un mayor interés en un marco de acuerdo multilateral de liberalización del comercio, más protegidos que con acuerdos bilaterales o regionales promovidos por EEUU, aunque, de hecho, los acuerdos multilaterales legalizan e institucionalizan la dependencia de los países pobres conseguida en los acuerdos bilaterales. En la estrategia de los países ricos no cabía una coalición entre los menos fuertes. Pero el G-22, impulsado por Brasil y Argentina e integrado por las economías más débiles se convirtió, contra todo pronóstico, en el bloque opositor al frente Washington-Bruselas. Cambió la agenda al supeditar la reducción de aranceles sobre las mercancías no agrarias a la eliminación de los subsidios a la exportación y las ayudas internas a la agricultura. El G-22 ha impedido finalmente que la UE, pero también EEUU y Japón, introdujeran entre los compromisos dos elementos letales para las economías más débiles: la protección a las inversiones (libre acceso de las inversiones extranjeras) y garantías a la libre competencia en los mercados (es decir, impedir la protección de la actividad local frente a las multinacionales). Los países pobres han preferido renunciar a lo conseguido en agricultura, a exponer sus economías, sin protección, al capital internacional.
Pero el fracaso de Cancún es sólo un aplazamiento de la Ronda del Desarrollo. Aunque la alianza del G-22 podría convertirse en un medio para frenar el despliegue del libre comercio, se basa en la defensa de intereses compartidos y no en la reclamación de políticas específicas que partan de la realidad de cada país para proteger del hambre y las privaciones a su propia población, para mantener a sus propios campesinos, defendiendo su derecho a ejercer la soberanía alimentaria. Considerar que haciendo más justas las reglas del comercio internacional y eliminando las subvenciones a la agricultura doméstica, se restablece el equilibrio y a partir de ahí, es posible que los productos del Sur puedan “competir” en los mercados del Norte, es quedarse en la superficie del problema. Se restablecería una mejor competencia de los capitales y la guerra entre ellos no sería tan desfavorable para los países del Sur. La dependencia de los países poco desarrollados no se debe tanto a las subvenciones que reciben los agricultores de los países ricos como a un modelo de agricultura industrializada y productivista, orientada a la exportación. Al pedir la eliminación de esas subvenciones, los países pobres no ponen en cuestión su participación en el mismo modelo alimentario que, si en los países ricos, es causante de la inseguridad alimentaria por la comida basura, en su propio país es causante de los monocultivos, el hambre, el subdesarrollo y la perpetua dependencia.
La fragmentación de intereses conduce a falsas soluciones
Desde dentro del modelo agroalimentario dominante, y a pesar de que el 50% de la población mundial es campesina –el 80% de ella cultiva sus propios alimentos-, la contraposición de intereses cada vez más enfrentados, entre personas agricultoras y consumidoras, dificulta la elaboración de un discurso que integre las necesidades de tod@s, que vaya a la raíz de los problemas y que permita desarrollar, experiencias y espacios de economía solidaria y apoyo mutuo. Las personas, agricultoras o consumidoras, estamos indefensas en una situación que nos convierte en víctimas y, a la vez, en colaboradores eficientes en nuestra faceta de consumidor@s, productor@s o trabajador@s, reclamando nuestros intereses legítimos, pero individuales y fraccionados. Esta visión fragmentada convierte cada solución en parte del problema. De hecho se presentan soluciones parciales de diverso tipo: a) preservar los derechos de la naturaleza sin atender ni las condiciones en que l@s agricultor@s viven en los pueblos, trabajan y venden el producto de su trabajo, ni la sobreexplotación laboral de trabajador@s inmigrantes, ni las necesidades de l@s consumidor@s; b) proporcionar alimentos sanos, biológicos, para quién pueda pagarlos, promoviendo un segmento de mercado biológico de élite, pero sin cuestionar el modelo de producción y distribución, desentendiéndose de las condiciones de vida de la mayor parte de las personas consumidoras; c) soluciones que sólo parten de las necesidades e intereses del sector agrario, profundizan más la brecha entre población agraria y población consumidora. Agudizan las dificultades para que haya alimentos sanos y suficientes para toda la población y tampoco garantizan la viabilidad de las explotaciones agrarias familiares o comunitarias, tanto del norte como del sur; d) iniciativas de comercio justo Norte-Sur, que tienen la mejor intención solidaria con campesinos del Sur, pero no dan cuenta de la realidad que afecta a los campesinos del Norte, también en desaparición, además de ignorar el principio de cercanía. Todas estas razones no deben desconsiderar los múltiples aspectos positivos que contienen muchas de las iniciativas “parciales” frente a la inseguridad alimentaria, sino mostrar su coexistencia pacífica con un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos irreformable e incompatible con la seguridad alimentaria de la inmensa mayoría de la población mundial.
SOBERANÍA ALIMENTARIA DESDE EL CONSUMO AGROECOLÓGICO RESPONSABLE
Reclamar la seguridad alimentaria no es una cuestión exclusivamente campesina, sino también ciudadana. No sólo porque el modelo alimentario y sus consecuencias en salud, económicas, ecológicas y sociales nos afectan a tod@s. También porque ejercer la soberanía alimentaria supone reconstruir las relaciones de intercambio en múltiples direcciones: campo-ciudad; campesin@s-consumidor@s; autócton@s-inmigrantes; Norte-Sur; subsidios agrícolas-ayuda alimentaria; pobres de hoy-generaciones futuras; medioambiente según el Norte-agroecología según el Sur. La defensa de la seguridad alimentaria implica saberse parte interviniente, responsable y solidaria en los hábitos de consumo, es decir, a la hora de comprar alimentos cada día.
El conocimiento, la actitud y la responsabilidad ante la propia alimentación es un acto político, de soberanía alimentaria. Educar-nos para alimentar-nos con dignidad y de forma saludable, teniendo en cuenta las consecuencias de nuestra elección, es una tarea necesaria, hoy más que nunca. Las personas involucradas en asociaciones/redes/cooperativas de consumo agroecológico, consideramos que esta es una aportación real y concreta que podemos compartir con otras personas preocupadas que se esfuerzan, desde otras dimensiones de lo social (inmigración, salud, educación, feminismo, sindicalismo, entre otras), por construir un mundo más humano y sostenible hacia el futuro. De la mano de ese empeño, es necesario desarrollar espacios comunes de cooperación entre proyectos de producción y consumo agroecológicos para superar nuestras limitaciones y, si es posible, ayudarnos a resolver algunos de los problemas que venimos teniendo, vinculados en general, a nuestra pequeña escala y al esfuerzo enorme que hay que hacer para que estos proyectos de economía social sobrevivan y se desarrollen.
Es necesario reconstruir las relaciones económicas entre las personas. Hacerlo desde la apuesta colectiva y organizada por un consumo responsable y comprometido con las necesidades de consumidor@s y agricultor@s, respetuoso con los ciclos naturales y las generaciones futuras. Explorar soluciones diversas que tengan en cuenta a todas las partes (producción, consumo y distribución-transporte). Agricultor@s buscando un vínculo con consumidor@s que quieran ver algo más que el producto y el precio. Consumidor@s que se asocian y crean las condiciones para la producción agroecológica. Estas apuestas se llevan haciendo bastantes años desde diversos proyectos alternativos. Pero precisan la vocación de transcrecer los límites que marcan el necesario esfuerzo militante y la “identidad propia”. Por un lado, dar seguridad a l@s agricultor@s agroecológic@s. Por otro, asegurar unas condiciones de viabilidad más allá de un consumo de apuesta política testimonial, mostrando a sectores crecientes de la sociedad que “otra forma de alimentarse es posible”. Todo ello cuidando la escala y la dimensión de los proyectos, porque se puede morir tanto por ser inviable como por ser demasiado viable.
RASGOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
La alimentación y la salud
Una de las dimensiones básicas de la salud está ligada a la alimentación. Todos los seres vivos y entre ellos, los seres humanos, precisan alimentos nutritivos, saludables y en una cantidad y composición adecuadas para permitir, no sólo su desarrollo como organismo vivo, sino asegurar las condiciones de reproducción y por tanto, de supervivencia como especie. Es decir, que un escalón básico de la salud individual, pero también colectiva, presente y futura, depende de la alimentación. Además, en la medida en que un ser vivo está bien alimentado permanece más tiempo saludable y es menos sensible a enfermedades, o estas son más pasajeras y tienen consecuencias menores. En definitiva, requiere menos tratamientos médicos. La salud está vinculada también a diversos factores como, por ejemplo, la salubridad del medio en el que vivimos, las relaciones laborales, la extracción socioeconómica, la afectividad que damos/recibimos. Estos aspectos, entre otros, conforman el conjunto de condiciones por las cuales nos convertimos en seres humanos sanos o enfermizos.
Pudiera parecer que procurarse una vida más o menos saludable depende de la voluntad y libertad individual. Sin embargo, la mayor parte de la población que muere de hambre, malvive en condiciones de desnutrición y malnutrición, o muere de enfermedades evitables, no ha elegido las condiciones de su existencia, sino más bien ha sido víctima de tales condiciones. Esta es la primera dimensión de la inseguridad alimentaria: la escasez y la (baja) calidad de los alimentos, suele estar vinculada a la pobreza. Por otro lado, cada vez con mayor frecuencia, encontramos alimentos contaminados o inseguros desde el punto de vista nutricional o de su calidad. Tampoco su ingesta es fruto de la voluntad individual. Se trata de la segunda dimensión de la inseguridad alimentaria: insalubridad o riesgos indirectos para la salud y la reproducción. Esta dimensión tiene que ver con la forma en que se cultivan y procesan los alimentos en el modelo actual de producción, distribución y consumo a escala planetaria.
No sólo no están garantizadas cantidad y calidad de alimentos para toda la población mundial sino que, a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera el derecho a alimentarse y al bienestar nutricional como uno de los derechos humanos más elementales y que la Organización Mundial de la Alimentación reúne periódicamente a los Jefes de Estado y de Gobierno para acordar estrategias conjuntas con el propósito de combatir la inseguridad alimentaria, ésta crece en paralelo al desarrollo del comercio global de alimentos.
Desde la primera Cumbre Mundial de la Alimentación en 1974, no sólo no se ha conseguido reducir la inseguridad alimentaria, sino que se han ido rebajando progresivamente los objetivos. En la Cumbre de 1996 se reconocía que 800 millones de personas no disponían de alimentos suficientes, y se constataba que tal cuestión dependía de la voluntad política de los Estados. La Declaración expresaba que no se trata de la cantidad de alimentos producidos sino de la capacidad de acceso de las familias a dichos recursos. Sin embargo el compromiso fue, tan sólo, reducir la cifra de hambrientos a la mitad y en el horizonte del 2015<!–[if !supportFootnotes]–>[4]<!–[endif]–>.
El Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria reunido en La Habana en septiembre de 2001, y en el que se dieron cita organizaciones campesinas, indígenas, asociaciones de pescadores, ONGs, organismos sociales, académicos e investigadores de 60 países, responsabilizó a las políticas neoliberales de las últimas dos décadas y a las políticas económicas, agrícolas, pesqueras y comerciales impuestas por el Banco Mundial de “profundizar la brecha entre países ricos y pobres y dentro de ellos, y agravar las condiciones de producción de alimentos para el acceso a una nutrición sana y suficiente”.
En su declaración se señalaban las ideas sobre las que se legitima el modelo alimentario actual, que no sólo no mejoran la seguridad alimentaria, sino que, por el contrario, incrementan los factores que originan la inseguridad.
<!–[if !supportLists]–>1) <!–[endif]–>La creencia de que “la sustentabilidad de los sistemas alimentarios es una cuestión meramente técnica y no política”, cuando es la “lógica de la ganancia la que genera una situación de insostenibilidad de los sistemas alimentarios, al sobrepasar los límites a la producción permitidos por la naturaleza”.
<!–[if !supportLists]–>2) <!–[endif]–>La concepción promovida por el neoliberalismo sobre las “ventajas comparativas” provoca el desmantelamiento de la producción doméstica y del comercio local.
<!–[if !supportLists]–>3) <!–[endif]–>Considerar que las “agriculturas campesinas, indígenas y la pesca artesanal son ineficientes e incapaces de responder a las necesidades crecientes de alimentos”, es el argumento técnico para “imponer una agricultura y pesca industrial intensivas de gran escala”.
<!–[if !supportLists]–>4) <!–[endif]–>Considerar que “la población rural es excesiva en comparación con su aporte al producto interno bruto”, es el argumento para “expulsarles de sus tierras y privatizar los recursos naturales” a pesar de lo insostenible del modelo urbano.
<!–[if !supportLists]–>5) <!–[endif]–>El único patrón alimentario defendido como “viable, apropiado y correcto en un mundo global”, supone un verdadero “imperialismo alimentario que atenta contra la diversidad de las tradiciones alimentarias y sus identidades culturales y étnicas”
Las consecuencias políticas señaladas por el Foro de la Habana apuntan a la inseguridad alimentaria. El resultado es el aumento de la deuda externa de los países empobrecidos, la desruralización forzada y genocida en el caso de algunas culturas campesinas e indígenas y el aumento de la pobreza, miseria y exclusión de los sectores populares del sur, pero también del norte<!–[if !supportFootnotes]–>[5]<!–[endif]–>.
La inseguridad alimentaria
La inseguridad alimentaria en lo que respecta a la cantidad y distribución de los alimentos, por tanto, es un problema antiguo y sangrante por ser la causa directa de la malnutrición, el hambre y la muerte de una parte significativa de la población mundial. La calidad y la seguridad de los alimentos que comemos está cada vez más en entredicho a raíz de los escándalos alimentarios. Con ello, crece la desconfianza de la población. A su vez, se han puesto de manifiesto las contradicciones de la alimentación actual. Los ingredientes: dioxinas en los pollos, priones locos en las vacas, transgénicos y antibióticos para el engorde; las formas y condiciones de producción en el campo y en las industrias de transformación: intensificación de cultivos y ganado, alteración de los procesos naturales, competitividad y abaratamiento de costes a ultranza, mano de obra precarizada en las industrias de transformación y empleada en condiciones de esclavitud en los invernaderos; las formas de distribución y consumo: concentración y monopolio de empresas transnacionales que controlan producción-distribución-consumo, predominio de grandes superficies que ofrecen gran variedad de alimentos importados a bajo coste y que emplea a jóvenes mediante contratos basura, generalización de restaurantes de comida rápida, etc. Esta es la dimensión cualitativa de la falta de seguridad alimentaria que afecta a la salud. Se promueven alimentos transgénicos<!–[if !supportFootnotes]–>[6]<!–[endif]–>, semillas estériles<!–[if !supportFootnotes]–>[7]<!–[endif]–> y patentes<!–[if !supportFootnotes]–>[8]<!–[endif]–> sobre seres vivos, como la solución de los problemas originados por la agricultura industrial cuando, en realidad, son la máxima expresión de dicho modelo de producción industrializada de alimentos<!–[if !supportFootnotes]–>[9]<!–[endif]–>.
Formular adecuadamente los problemas cuantitativos y cualitativos de la inseguridad alimentaria supone interrogarse sobre el modelo de producción, distribución y consumo de alimentos propiciado por la Organización Mundial para la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) e impulsado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través de la liberalización del comercio de los productos agrícolas<!–[if !supportFootnotes]–>[10]<!–[endif]–>.
El mantenimiento del ciclo del capital a costa de la vida, la salud y la seguridad alimentaria
Es evidente que el modelo actual de producción, distribución y consumo de alimentos no persigue la satisfacción de las necesidades de alimentación de toda la población del mundo en condiciones suficientes y de calidad, garantizando a su vez, el respeto ecológico para las necesidades futuras. Por el contrario, promueve:
<!–[if !supportLists]–>1) <!–[endif]–>Intensificación de la producción en base a la introducción de tecnologías o bien no suficientemente probadas –transgénicos- o cuyos efectos perjudiciales están demostrados -plaguicidas, pollos con dioxinas-. Todo ello a costa de la salud de las personas, del agotamiento y contaminación de suelos, agua, semillas, de la eliminación progresiva de ecosistemas naturales.
<!–[if !supportLists]–>2) <!–[endif]–>Producción a gran escala a costa del endeudamiento creciente de agricultor@s y ganader@s, que además, expulsa a los que no pueden “competir” y elimina la cultura y modo de vida campesina.
<!–[if !supportLists]–>3) <!–[endif]–>Una dependencia cada vez mayor del mercado y sus reglas por parte de l@s agricultor@s y ganader@s, no sólo por las condiciones de venta de sus productos, sino por la imperiosa necesidad de comprar todo lo que precisan (privatización de las semillas, ingeniería genética, plaguicidas, fertilizantes, maquinaria, etc.) convirtiéndoles en eslabones de una cadena que les controla y hace co-responsables de los resultados en caso de contaminación alimentaria.
<!–[if !supportLists]–>4) <!–[endif]–>Deterioro progresivo de la calidad de los alimentos, incluso su contaminación, debido a los productos y/o tecnología empleados.
<!–[if !supportLists]–>5) <!–[endif]–>Incremento obligatorio del comercio mundial de alimentos (normas de la OMC), impulsado mediante subvenciones. Consiguiente impacto negativo sobre las economías y condiciones de vida de agricultor@s, jornaler@s y campesin@s en los países de origen y destino. También sobre el medio ambiente, por el aumento de envases y el consumo energético debido al transporte y la conservación.
<!–[if !supportLists]–>6) <!–[endif]–>Proliferación de grandes superficies, controladas por el capital internacional, a costa del pequeño comercio local. Sus ventajas competitivas residen en la precarización de sus emplead@s, las presiones que ejercen sobre los precios y la forma de pago a l@s agricultor@s y proveedores en general.
Este modelo capitalista de alimentación a nivel mundial ha demostrado ya su incapacidad para resolver los problemas de seguridad alimentaria. El control, forma y condiciones con que el capital está operando en la alimentación a nivel mundial, además de generalizar dicho modelo, activa las condiciones para el aumento de la inseguridad, tanto desde el punto de vista de la cantidad, como de la calidad de los alimentos:
<!–[if !supportLists]–>1) <!–[endif]–>No se produce lo que necesita la población para una alimentación segura, sino lo que asegura más beneficios al capital invertido.
<!–[if !supportLists]–>2) <!–[endif]–>Al perseguir el abaratamiento de los costes y la competitividad en una cadena de distribución planetaria, este modelo de producción alimentaria, enfrenta a productor@s y consumidor@s en intereses contrapuestos y enormemente alejados.
<!–[if !supportLists]–>3) <!–[endif]–>Elimina a la pequeña producción agroalimentaria y a l@s campesin@s,<!–[if !supportFootnotes]–>[11]<!–[endif]–> reemplazándoles por empresas o sociedades anónimas que concentran la producción y la distribución donde les es más rentable.
<!–[if !supportLists]–>4) <!–[endif]–>Convierte a la agricultura y ganadería en una factoría industrial. El oficio y habilidad del agricultor/a y su conocimiento de la naturaleza no tienen el menor valor y han sido sustituidos por la producción en serie.
<!–[if !supportLists]–>5) <!–[endif]–>Se trata a los animales como máquinas productoras de carne, leche o huevos, con los riesgos ya conocidos de alteración del ciclo natural, la generación de enfermedades como la EEB (vacas locas), la propagación de salmonella, listeria, E. Coli, activadas por el hacinamiento del ganado y transmitidas a las personas que manipulan e ingieren carne o productos derivados, la contaminación de los piensos por dioxinas, etc.
<!–[if !supportLists]–>6) <!–[endif]–>Lo importante no es la calidad de los alimentos, sino el cumplimiento de la legalidad: informar en las etiquetas, no incorporar productos prohibidos o en dosis no autorizadas. A las sustancias nuevas que van a ser autorizadas para intervenir en la producción de alimentos, no se les pide la ausencia de riesgos directos o indirectos para la salud o el medio ambiente. Se aceptan ciertos umbrales de contaminación y riesgo y sólo se abordan los riesgos conocidos. No se aplica el principio de precaución ante la duda o los riesgos de los que se desconoce su resultado.
<!–[if !supportLists]–>7) <!–[endif]–>Se viola el derecho a la soberanía alimentaria como “derecho de los pueblos a definir su propia política agraria y alimentaria”, mientras se consolidan las patentes sobre la vida.
<!–[if !supportLists]–>8) <!–[endif]–>Se esquilman y privatizan territorios, recursos naturales, agua, suelo, semillas, etc., provocando una contaminación y desertización crecientes que aumentan la dependencia, la pobreza, el hambre, el desarraigo y la emigración forzosa.
Este modelo alimentario se desentiende tanto de las necesidades sociales y ecológicas, como de sus consecuencias actuales y futuras. Crece en abierta oposición a los derechos de la población (campesina o consumidora) a una alimentación suficiente, saludable y nutritiva, a una vida digna en su propia tierra y a su cultura tradicional. Lo único importante es que no se interrumpa el ciclo de producción y circulación de las mercancías, que no cese la producción de plusvalor.
LOS INSTRUMENTOS DE LA GLOBALIZACIÓN ALIMENTARIA
Formular adecuadamente los problemas de la inseguridad alimentaria supone interrogarse por el modelo de producción, distribución y consumo de alimentos propiciado por la Organización Mundial para la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través de la liberalización del comercio de los productos agrícolas.
Instituciones para la salud y la alimentación
La FAO (Organización Mundial para Agricultura y la Alimentación) reúne periódicamente a los Jefes de Estado y de Gobierno de Naciones Unidas para acordar estrategias conjuntas que combatan la inseguridad alimentaria. En la Cumbre de 1996 se reconocía que 800 millones de personas no disponían de alimentos suficientes y dependían de las “ayudas” de los países ricos. Sin variar la estrategia impulsada tras la primera Cumbre (1974), el compromiso se limitó a intentar reducir la cifra de hambrientos a la mitad en el 2015. Seis años después, aunque la población mundial hambrienta había aumentado a 850 millones de personas, la Cumbre Mundial de la Alimentación reafirmó los mismos objetivos y plazos.
La FAO y la OMS (Organización Mundial de la Salud), tienen como finalidad oficial resolver los problemas de la alimentación y la salud de la población a nivel mundial. Pero no cuestionan el origen de dichos problemas. Evalúan la inseguridad alimentaria separando sus dos dimensiones (cantidad y calidad) y promueven tan sólo soluciones técnicas. Con respecto a la calidad de los alimentos, proponen controles analíticos cuya premisa es contraria al principio de precaución, al limitarse a exigir la demostración fehaciente del efecto perjudicial sobre la salud, una vez que el producto está en el mercado. Por el contrario, el principio de precaución exige la demostración fehaciente de que un producto no es nocivo antes de poderse comercializar. En cuanto al acceso insuficiente a los alimentos, proponen intensificar la industrialización agraria y alimentaria. Al plantearse aisladamente los problemas de cantidad y calidad de los alimentos y al no atajar sus causas, reproducen eternamente el problema y obstaculizan la capacidad de l@s afectad@s para articular estrategias autónomas de defensa de la nutrición y la salud.
Las Instituciones para el “desarrollo sostenible” y la “protección del medio ambiente”
La Cumbre de Johannesburgo de Desarrollo Sostenible, segunda edición de la Cumbre de Río (1992) se inició el 26 de agosto de 2002 y congregó a gobiernos de 180 países. Debería haber sido un foro para replantearse el rumbo e impedir que la economía sea el argumento para aplazar, una vez más, las soluciones a los problemas alimentarios, sociales y ecológicos<!–[if !supportFootnotes]–>[12]<!–[endif]–>. Tras la primera Cumbre de la Tierra, a pesar de los diversos compromisos de los Gobiernos, no sólo no se han reducido los problemas, sino que han aumentado. A esta segunda cumbre se le ha llamado Río menos 10, porque se han perdido estos 10 años.
Las grandes líneas de la Cumbre de Johannesburgo se referían a erradicar la pobreza, modificar las modalidades insostenibles de producción y consumo, proteger y gestionar los recursos naturales, el comercio global, la salud y un desarrollo sostenible. Pero comenzó con pocas expectativas de remontar la década anterior. El presidente Bush no se dignó a comparecer. El segundo bloque económico del mundo, la UE, presentó una propuesta de Pacto Global cuyos objetivos eran desligar el crecimiento económico, de la presión sobre los recursos medioambientales en los ámbitos de la energía, los residuos, el uso de sustancias químicas y la biodiversidad. La solución del Pacto Global, en el fondo, persigue aumentar la liberalización de los mercados a cambio de apoyar la condonación de la deuda externa e invertir y transferir tecnologías a los países del Sur. Es decir, suavizar el camino para la nueva reforma de la OMC. Algunas ONGs “bienintencionadas” confían en que la liberalización restituya la desigualdad entre países ricos y países pobres. Sin embargo, liberalización de los mercados en energía, agua y biodiversidad significa que la riqueza potencial de tales recursos, radicada sobretodo en los países del Sur y soporte de comunidades indígenas y campesinas, quede “libre” en condiciones de mercado (es decir, privatizable) para ser “gestionada” y “protegida” por el capital internacional. Acudieron una nutrida representación de los intereses empresariales para “asesorar” a las delegaciones gubernamentales. El resultado estaba abonado. Ni siquiera acuerdos que el tiempo convierta en papel mojado<!–[if !supportFootnotes]–>[13]<!–[endif]–>.
En definitiva, este modelo económico y social antepone las “necesidades” de la mercancía alimenticia en particular, y de las mercancías en general, a las necesidades de las personas que trabajan elaborando alimentos y/o se alimentan con ellos. La globalización económica es la extensión, consolidación y radicalización de este modelo, colonizando bajo la forma de mercancía todo lo que aún permanecía fuera, protegido bajo la forma de patrimonio común, o incluso, carente de valor comercial. Liberando todas las formas autosuficientes de vida, poniéndoles precio para que puedan ser intercambiadas, bajo las reglas democráticas del mercado.
La UE presentó una propuesta de Pacto Global que aumentaba la liberalización de los mercados, a cambio de apoyar la condonación de parte de la deuda externa e invertir y transferir tecnologías a los países del Sur. El objetivo era suavizar el camino para la nueva reforma de la OMC. Algunas ONGs “bienintencionadas” confíaban en que la liberalización disminuiría la desigualdad entre países ricos y países pobres. Sin embargo, la liberalización de los mercados de la energía, el agua y la biodiversidad significa que tales recursos, radicados sobretodo en los países del Sur y soporte de comunidades indígenas y campesinas, queden “libres” (es decir, privatizable) para ser “gestionados” y “protegidos” por el capital internacional. A esta Cumbre, como es habitual, acudió una nutrida representación de las multinacionales para “asesorar” a las delegaciones gubernamentales del Sur. El resultado estaba abonado. Los países pobres ni siquiera consiguieron llegar a acuerdos que el tiempo pudiera convertir en papel mojado<!–[if !supportFootnotes]–>[14]<!–[endif]–>. El Pacto Global que se adoptó finalmente, dejó libre el camino para la privatización de energía, agua y biodiversidad.
Cuatro años después, la 8ª Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad, que desarrollaba la Cumbre de la Tierra con el compromiso de 188 estados celebrada en Curitiba, Brasil del 20 al 31/3/06, fracasó nuevamente en el intento de preservar los recursos naturales de la voracidad de las multinacionales. Con lo que se demuestra que, sin modificar un Convenio que sólo protege los derechos reconocidos por el mercado, el fracaso esta servido. Al no prosperar el desarrollo del Convenio, continúa la privatización sin contrapartida. Y de haber prosperado, la contrapartida económica legitimaría la esquilmación y privatización de territorios y recursos naturales por parte de las multinacionales.
Las Instituciones para la liberalización del comercio
La OMC (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO) se crea en 1994, como transformación del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio, instituido 50 años antes) para liberalizar los mercados mundiales, verificar el cumplimiento de las normas comerciales internacionales y sancionar a los Estados que no las acaten o antepongan cualquier cuestión, incluidos los derechos humanos y las leyes laborales o de protección medioambiental, al “libre comercio”.
La OMC, en manos de los países ricos, persigue la industrialización y la mercantilización de la producción agrícola y ganadera. Poner la alimentación en manos del mercado exige destruir la cultura campesina, sustituyéndola por empresarios rurales, orientados a la producción en masa y en busca de beneficios. Tras sesenta años de vigencia, está demostrado que este modelo alimentario, basado en la eficiencia económica y productiva, contamina la tierra y el agua, convierte a los animales en maquinas de producir carne, huevos y leche, destruye empleo rural y despuebla el campo, produciendo enormes movimientos migratorios. El resultado en los países ricos es la comida basura y las subvenciones a los excedentes productivos para ser exportados de forma competitiva. EEUU y la U.E. gastan anualmente 300.000 millones de dólares (50 billones de pesetas) en subvenciones agrícolas. Eso supone el desplome de los precios en los mercados mundiales y la ruina de los campesinos de los países pobres. Las subvenciones a los 25.000 empresarios agrícolas que producen algodón en EEUU violan los acuerdos de la cumbre de la OMC de Marrakech (1994) y están causando una catástrofe económica y social en países como Burkina Fasso, Benin, Chad y Mali, que carecen, incluso, de capacidad técnica para interponer una demanda contra EEUU por dicho incumplimiento.
En la lógica de la producción a gran escala y la distribución mundial, solo gana el gran capital trasnacional. La OMC es la institución del capitalismo global destinado a garantizar este escenario trucado. Controlada por los países ricos, impone la más dura doctrina neoliberal a través de una apariencia dialogante. Sus declaraciones a favor de conciliar la liberalización del comercio mundial y el desarrollo de los países pobres, constituye una falacia negada por los hechos. La inmensa riqueza de los poderosos tiene como condición el hambre en los países pobres. Los objetivos declarados por la OMC de establecer una regulación multilateral del comercio mundial mediante una apertura equilibrada de fronteras entre el Norte y el Sur, es solo ideología que no se compadece con los hechos.
Bajo el impulso de la Ronda de Uruguay surgió, en 1995, la OMC que, en sus fines, medios y procedimientos, desborda los objetivos del GATT. No es casual la coincidencia entre este proceso en la segunda parte de los ochenta, con la crisis de las economías planificadas del este de Europa. Con el desplome del modelo de acumulación soviético como un modelo de modernización económica alternativo a las economías de mercado cayó también el modelo de acumulación capitalista que se le oponía en Europa. Este modelo, perfectamente acotado en sus circunstancias históricas, económicas y políticas, consistía, desde 1950, en una economía basada en activar la demanda. Esta fórmula implicaba una participación de las masas trabajadoras en el consumo opulento y actuaba como mecanismo de integración económica y política de los trabajadores y como motor del crecimiento económico.
Tras la revuelta de Seattle contra la Tercera Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en diciembre de 1999,quedó momentáneamente paralizado el mecanismo que impulsa y legaliza a escala internacional el intercambio desigual, el despojo y la dependencia de los países pobres respecto a los ricos. Este mecanismo, que se presenta como dialogante, democrático y defensor de la civilización y el bienestar general, recibe el nombre de Ronda (o ciclo) de negociaciones multilaterales entre los 140 miembros de la OMC.
Frustrada la inauguración de la “Ronda del Milenio” de Seattle por la presión popular y las contradicciones entre los distintos países y bloques, los países ricos retomaron la iniciativa en Noviembre de 2001 trasladando a Doha, capital del emirato de Qatar en el sur de la península arábiga, lejos del territorio habitual de los antiglobalización, la 4ª Conferencia Interministerial de la OMC, bautizada con el nombre de “Ronda del Desarrollo”.
En Doha, se proyectó hacia delante la agenda neoliberal instaurada en la ronda de Punta del Este (Uruguay) en 1986 y se sentaron las bases para transformar lo que era solamente (y nada menos) que un acuerdo de desarme arancelario para eliminar obstáculos al comercio mundial (GATT: General Agreement on Tarifs and Trade – Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en una institución para el libre comercio que tiende a un tratamiento integrado de todos los planos de la actividad económica conectados con dicho comercio con el objetivo de conseguir la máxima libertad de inversiones de capital respecto a las instituciones y leyes de cada estado, incluyendo especialmente la protección de los derechos sociales y los impactos ecológicos.
La reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Doha –Qatar- en noviembre de 2001, concluyó abriendo una nueva ronda de negociaciones para impulsar la liberalización del comercio mundial de mercancías. En relación con la agricultura se propone ampliar el acceso a los mercados (la obligación actual de importación es del 5%), y reducir tanto las subvenciones a la exportación (14% del presupuesto agrícola comunitario en el 2000), como los apoyos internos a la agricultura que provoquen distorsiones comerciales. Se impulsaron también los Derechos de la Propiedad intelectual (patentes). Paradójicamente la Cumbre Mundial de la Alimentación que debía celebrarse en Roma en el mismo mes, se retrasó a junio de 2002 para evitar otra protesta masiva como la ocurrida en Génova en julio de 2001 contra la Cumbre del G7, e impedir que se denunciase la vergonzosa subordinación de la alimentación al comercio. En definitiva, se pospone el derecho a la soberanía alimentaria, a articular políticas para proteger los derechos de las personas pobres, hambrientas, campesinas, pero no se para la agenda de liberalización del comercio a escala planetaria. Las mercancías están protegidas pero no las personas y el medio en el que viven.
A pesar de las consecuencias, ni la FAO ni la OMS se cuestionan este modelo productivo que provoca inseguridad alimentaria. Separan las dos dimensiones de la seguridad alimentaria (cantidad y calidad) y promueven tan sólo soluciones técnicas. En el caso de la calidad de los alimentos proponen controles analíticos cuya premisa es la demostración fehaciente del efecto perjudicial sobre la salud (eliminan sólo los productos que han demostrado ser la causa de enfermedades graves o muertes directas). En el caso de la cantidad, la solución es acelerar la industrialización agraria y alimentaria. El Gobierno de Bush presionaba en la última Cumbre Mundial de la Alimentación, junio 2002, para impulsar la ingeniería genética como solución al problema del hambre. Pero plantearse aisladamente ambos problemas y buscar soluciones meramente técnicas es no querer resolverlos. No interrogarse sobre las causas que cronifican el hambre y la malnutrición por un lado, que extienden y profundizan el deterioro de la calidad de los alimentos por otro, lleva a soluciones parciales, contradictorias, compasivas. Soluciones que reproducen y agudizan un ciclo en el que l@s afectad@s ni siquiera pueden articular sus propias estrategias de defensa de la salud y la nutrición, impidiéndoles ejercer su derecho a la soberanía alimentaria.
En el ámbito de la Unión Europea, al igual que en el resto de países ricos, la dimensión más evidente para la gran mayoría de sus ciudadan@s es la calidad alimentaria. Las instituciones y los gobiernos de la UE, incluidos los Gobiernos de España, responsables de la autorización de los productos que intervienen en la elaboración de alimentos, dicen sin el menor pudor, que el riesgo cero no existe. No dan garantías de calidad para toda la población. Se limitan a identificar seguridad alimentaria con inocuidad. El mercado es la institución que “debe solucionar” este problema. Se promueven etiquetas que fijan distintos niveles de calidad: alimentos ecológicos, alimentos naturales, alimentos de denominación de origen. El resto son alimentos convencionales y comida basura. En otras palabras, la alimentación suficiente y saludable no es un derecho para toda la población. Este derecho se sustituye por nichos de mercado que estratifican a la población consumidora por su poder adquisitivo. La Política Agraria Común (PAC), como veremos a continuación, desconsidera el impacto sobre la seguridad alimentaria de otros países y pone en un segundo plano todas las dimensiones (social, campesina, ecológica, etc.) que no tengan que ver con el abaratamiento de los costes y la competitividad de los productos agrícolas en el mercado mundial.
En la V Reunión Interministerial de Cancún (10-14/sep./2003), el G-22, impulsado por Brasil y Argentina e integrado por economías más débiles, se convirtió en un bloque opositor frente al bloque Washington-Bruselas, al supeditar la reducción de aranceles de los países pobres sobre las mercancías no agrarias, a la eliminación de los subsidios a la exportación y las ayudas internas a la agricultura en los países ricos. El G-22 impidió en Cancún que la UE, EEUU y Japón, introdujeran dos elementos letales para las economías más débiles: el libre acceso de las inversiones extranjeras y las garantías a la libre competencia en los mercados, imposibilitando la protección de las propias empresas nacionales frente a las multinacionales.
En Cancún, EEUU y la U.E., unidos por encima de sus diferencias en el mismo afán imperialista de extorsionar a los países más débiles, pusieron como condición para respetar los acuerdos incumplidos, nuevas facilidades de los países pobres para las inversiones de las multinacionales y mayor acceso a los concursos públicos de los estados. Ante esta imposición disfrazada de negociación, se forjó la unidad de 22 países en desarrollo, el G-22, bajo el liderazgo de Brasil y Argentina con la finalidad de mejorar su posición negociadora.
El fracaso relativo de la Cumbre de la OMC en Cancún supuso un éxito relativo de los países menos desarrollados frente a las imposiciones de EEUU y la Unión Europea (U.E). Cabe felicitarse por un hecho sin precedentes desde que la “Conferencia de Países no Alineados” de los años sesenta, liderada por Indonesia, Argelia y Yugoslavia, intentara buscar un camino para el desarrollo de los países pobres al margen de las dos potencias hegemónicas.
Fracasó Cancún, pero sólo por un tiempo. La alianza del G-22 podría haberse convertido en un medio para frenar el despliegue del “libre comercio”. La impotencia de los países de la periferia, como una vez más, ha demostrado la VI Reunión Interministerial de la OMC en Hong-Kong (dic. 2005)<!–[if !supportFootnotes]–>[15]<!–[endif]–>, se explica porque su unidad frente a EEUU y la UE se basaba exclusivamente en sus intereses coyunturales en el mercado internacional y no en la reclamación de políticas que, partiendo su derecho a la soberanía alimentaria, les permitieran proteger del hambre a su propia población y mantener a su sector campesino. Esta alianza intentaba hacer más justas las reglas del comercio internacional eliminando las subvenciones de los países ricos a su propia agricultura, para que los productos del Sur pudieran competir en los mercados internacionales. Pero olvidaba que la dependencia de los países poco desarrollados se debe precisamente a un modelo de agricultura industrializada orientada a la exportación. Al pedir la eliminación de las subvenciones a los agricultores de los países ricos, los países pobres no ponen en cuestión su participación en un modelo alimentario que, en los países ricos es causante de la inseguridad alimentaria por la comida basura y en los países pobres produce el subdesarrollo, la dependencia y el hambre.
La autodefensa de los países pobres y “en vías de desarrollo” frente a los ricos, se expresa a menudo mediante soluciones que, siendo en todo caso comprensibles, forman parte del problema. La dependencia de los países poco desarrollados no se debe tanto a las subvenciones que reciben los agricultores de los países ricos como a un modelo de agricultura industrializada y productivista, orientada a la exportación. Al pedir solo la eliminación de las subvenciones agrícolas en los países ricos, los pobres no ponen en cuestión su participación en el mismo modelo alimentario que, si en los países ricos, es causante de la inseguridad alimentaria por la comida basura, en su propio país es causante de los monocultivos, el hambre y la perpetua dependencia y el subdesarrollo.
Los intentos de democratizar los mercados, incluso acumulando fuerza mediante la organización de los países perjudicados, como sucedió en Cancún, son vanos. Es irracional intentar resolver los problemas de desigualdad, injusticia y hambre causados por la lógica del mercado mediante más mercado, es decir, permitiendo el “libre comercio”, el comercio a una escala creciente, mundial. El mercado no puede ser garante de la seguridad alimentaria y los derechos humanos porque solo entiende de competitividad y beneficios.
El discurso ambiguo del “libre comercio” está plagado de declaraciones de principios acerca del medio ambiente, el pleno empleo y la soberanía de las instituciones democráticas. Pero su movimiento real, subordina todas estas “preocupaciones no comerciales” a la libertad de movimiento de los capitales, la centralidad del consumidor y la producción de valor para los más fuertes a costa de los más débiles.
“Fuera la Agricultura de la OMC” es una negación correcta pero indeterminada. Las proclamas a favor del “desarrollo de los pueblos”, son necesarias, pero no suficientes. Sin poner en España, que es Europa, la política agraria común (PAC), en primer plano, es falsa la oposición a la OMC. Se la combate en sus manifestaciones en la India ó Brasil, pero no aquí. Toda la estrategia de la Agenda 2000 (presupuesto de la UE para el período 2000-2006) y toda la política agraria común de la UE, de la que se deduce toda la política agrícola de España, están impregnadas de los criterios de industrialización, concentración, intensificación, competitividad y eficiencia económica, como ejes dominantes, que emanan de la OMC. Es imprescindible hablar de la PAC en España para hablar de la OMC, al igual que lo es hablar de la OTAN y las bases norteamericanas en nuestro territorio para estar contra la guerra, o hablar del derecho de autodeterminación en Euskadi para hablar de democracia.
Tras la fracasada Cumbre de Ginebra de julio de 2006, Pascal Lamy, Comisario de Comercio de la UE y dirigente “alterglobalizador” del partido socialista francés ha reconocido que “la OMC pasa en estos momentos por un estado de hibernación”.
Via Campesina ha emitido una declaración el 29 de julio de 2006 en la que califica el proceso de negociaciones durante 6 años de la Ronda de Doha del siguiente modo:
“Los acuerdos de Marrakech de 1994 han empeorado la crisis económica que sufren las zonas rurales. La liberalización de los mercados para los productos agrícolas, la necesidad de abrir las fronteras y la reducción de los aranceles han introducido a los campesinos en un sistema global de competencia sin límites, donde los únicos que se benefician son las multinacionales del agronegocio y sus accionistas.
El desplome de los precios de la mayoría de los productos agrícolas ha provocado la ruina de millones de pequeños campesinos. Esta crisis ha provocado a su vez un éxodo rural y un aumento exponencial de los flujos migratorios. El desarrollo de un modelo agrario que se centra en el beneficio a corto plazo ha aumentado el problema de la deforestación, dando lugar a la concentración de tierras, la erosión de los suelos, la destrucción de la biodiversidad y la contaminación de las aguas. Esto ha sido posible por la represión que se ha llevado a cabo contra los movimientos sociales de muchos países.
Los pescadores tradicionales en enfrentan también a una destrucción de los recursos pesqueros y marítimos sin precedente. En numerosas zonas del planeta, la pesca industrial hizo daños considerables, dejando las redes de los pescadores desesperadamente vacías.
Al contrario de lo que prometía, el liberalismo no ha garantizado el derecho a la alimentación, a pesar de que aparece recogido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. De todas maneras, la OMC, no ha considerado nunca que combatir el hambre formaba parte de sus objetivos. Hoy, más de 850 millones de personas pasan hambre de forma permanente, tres cuartas partes de las cuales son campesinos, campesinos sin tierra y trabajadores agrícolas. Desafortunadamente, el objetivo de 1996 de la FAO de reducir esta cifra a la mitad (aún así insuficiente) no se verá cumplida. No podemos aceptar esta situación, ya que no se trata de cifras que sufren, pero de niños, mujeres y hombres que se mueren cada día en un mundo donde la producción alimentaria es suficiente para cubrir las necesidades de todos.
La liberalización del mercado de los productos agrícolas debilita constantemente la economía de buena parte de las familias campesinas y los países. África, que fue presentada como la región que más debía beneficiarse de los acuerdos de Marrakech, se ha visto defraudada. Los países del Sahel que son forzados por el Banco Mundial a desarrollar el cultivo del algodón para así pagar el peso de la deuda que sufren, han visto como sus explotaciones se hunden debido los subsidios de los países ricos como EE.UU.Se han dedicado millones de hectáreas al cultivo intensivo de la soja en Suramérica en perjuicio de los campesinos locales y la producción alimentaria local. Argentina, que en 1994 contaba con un 17% de su población por debajo del umbral de la pobreza ha visto como esta cifra ha explotado. Actualmente, el 40% de la población de este país sufre de hambre. Las importaciones han dejado de lado a las agriculturas alimentarias de subsistencia de los países africanos occidentales. Senegal importa ahora 500.000 toneladas de arroz de baja calidad y países como Filipinas, que en 1994 eran autosuficientes, deben ahora importar un millón de toneladas de cereales. Por su parte, Indonesia vio una multiplicación por tres del valor de sus importaciones de cereales entre 1994 y 2004: pasaron de 60 a 180 millones de dólares. Cientos de millares de campesinos en India y China se trasladan en busca de los hipotéticos puestos de empleo. Las enmiendas a sus políticas agrícolas, hechas por la Unión Europea y los EE.UU, han decepcionado a los pueblos, ya que no han servido ni para limitar los subsidios de las importaciones ni para que haya una distribución más justa en la agricultura.
Bajo dominación de la OMC, era el conjunto de las actividades humanas que estaban reducidas a mercancías – como el agua, la salud, la educación, para citar la más importantes – y vendidas a las multinacionales. Estas privatizaciones tuvieron un impacto terrible en los estratos sociales más desfavorecidos de la población. El cinismo de estas políticas causó conflictos muy duros, como, por ejemplo, sobre el agua en Bolivia, que permitieron la aparición de Gobiernos portadores de una verdadera alternativa.
La arrogancia y la contención que han mostrado los poderes económicos del norte, siempre preparados para contratar a una pequeña élite de los dirigentes de los países emergentes, han sido la verdadera causa del fracaso de la OMC.”<!–[if !supportFootnotes]–>[16]<!–[endif]–>
LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC), PROTECCIONISMO GLOBALIZADOR
En el área geopolítica a la que pertenecemos, la Unión Europea utiliza como instrumento de la globalización de la agricultura y la alimentación, la Política Agraria Común (PAC)<!–[if !supportFootnotes]–>[17]<!–[endif]–>. La PAC es una de las pocas políticas de los Estados de la Unión Europea que desde el inicio ha tenido vocación de política común. De hecho cuenta con presupuesto comunitario desde 1962. Hasta la reforma de 1992, el presupuesto comunitario aportaba íntegramente los presupuestos públicos de la PAC<!–[if !supportFootnotes]–>[18]<!–[endif]–>. Sin embargo, sus desarrollos y reformas han ido siempre del lado de las políticas internacionales, usándolas como condición “inevitable” para dirigir la política agraria hacia la producción para el mercado mundial, impulsando la desaparición de las pequeñas explotaciones familiares y colectivas tanto de la UE como de fuera de sus fronteras. No es, por tanto, una política distinta de la OMC, sino más bien la política agraria que toca en esta región del mundo, en el marco del mercado global de alimentos.
La PAC propicia un modelo contradictorio y antagónico de agriculturas-ganaderías competitivas, de modelo empresarial, frente a agriculturas cada vez más marginadas y residuales de tipo familiar. Los principales objetivos y mecanismos de las políticas agrarias comunitarias no han variado en las sucesivas reformas<!–[if !supportFootnotes]–>[19]<!–[endif]–>. Se trata de una PAC dirigida a la exportación. Nunca ha abandonado las restituciones a la exportación, ni la protección en frontera<!–[if !supportFootnotes]–>[20]<!–[endif]–>. La bajada de los precios de intervención<!–[if !supportFootnotes]–>[21]<!–[endif]–> -iniciada en los años ochenta y asumida especialmente a partir de la agenda 2000 en cumplimiento de los acuerdos de la OMC-, las cuotas de producción<!–[if !supportFootnotes]–>[22]<!–[endif]–> y la compensación mediante ayudas directas<!–[if !supportFootnotes]–>[23]<!–[endif]–>, tienen motivaciones distintas a “reducir las desigualdades de competencia entre los países del Norte y del Sur”. Bajo el acicate de la competitividad que obliga a un aumento constante de la productividad, estas medidas conminan a una lucha entre explotaciones, entre modelos de producción, a favor de las empresas y las explotaciones más intensivas y mayores. Lo que se persigue y consigue en definitiva, es la desaparición de explotaciones, una mayor concentración en la producción y la propiedad, y una proletarización creciente de l@s pequeñ@s agricultor@s, en un proceso que primero les convierte en agricultor@s a tiempo parcial, y después en asalariad@s<!–[if !supportFootnotes]–>[24]<!–[endif]–>. La proletarización y precarización se agudiza en los cultivos con mayor competencia en el mercado mundial (fresa en Huelva, tomate y pimiento en Almeria, brecol en Murcia…). Este proceso discurre en paralelo a la concentración y verticalización del sector agroalimentario en su sentido más amplio (desde la investigación biotecnológica hasta distribución tanto en grandes superficies como pequeñas pero franquiciadas) que, para aumentar sus beneficios, necesita recortar los precios pagados a los agricultores y convertirlos en meros instrumentos de toda la cadena alimentaria. La competitividad entre agricultor@s es su competitividad.
Las medidas de destinadas a la protección social o ecológica del medio rural nunca han dejado de ser secundarias, cofinanciadas, voluntarias y con un presupuesto muy limitado. Las Medidas de Acompañamiento, que debían haber sido centrales para dar un viraje a la situación agraria, fracasan además, por diversos motivos. En el caso de la jubilación anticipada, los criterios resultan inadecuados e insuficientes para las pequeñas explotaciones que carecen de dimensión y condicionadas a crecer, no pueden transferirse a hijos o hijas. La reforestación de tierras agrarias, concebida principalmente para retirar cultivos excedentarios, ha tenido éxito en cuanto a cantidad de árboles, pero no en lo que se refiere a protección de bosques o a ordenación del territorio (recuperar terrenos cuyo aprovechamiento agrícola es marginal) e hipoteca excesivamente los presupuestos hacia el futuro (compensación de rentas durante 20 años). Los beneficiarios son principalmente rentistas y la industria maderera y papelera. Por último, las medidas agroambientales han tenido distinto eco en los diversos estados miembros. La escasa voluntad política, la baja convicción entre l@s agricultor@s y la obligación de un compromiso presupuestario adicional por parte de cada Estado ha condicionado su puesta en práctica, implementándose sólo aquellas medidas que eran más populares (café para todos). Su complejidad, al tratarse de compaginar las prácticas agrarias con la necesidades de protección en cada zona y ante cada problema concreto, exige un diseño difícil al que no siempre se ha querido llegar. Se ha pretendido, en muchos casos, que sirvieran para compensar rentas. Y no para acompañar transformaciones necesarias de las prácticas más intensivas, proteger prácticas agroambientales tradicionales en desuso (por la competencia de costes), o incentivar a la agricultura ecológica. Por último, están desvinculadas de cuestiones sociales y se perciben en función de la superficie, lo que redunda en los desequilibrios entre grandes y pequeñas explotaciones.
La pertenencia a la UE y sobretodo la integración a este bloque económico no ha significado la protección de la población campesina y su modo de vida, sino más bien lo contrario. Ya el origen de la construcción europea, tiene como objetivo la eliminación de población campesina y rural para impulsar el desarrollo de la industria y el modelo urbano de asentamiento y de vida. En otras palabras, modernización y desarrollo económico significa eliminación de activos agrarios, pero también cercenar la cultura rural y la vida en el campo. Que se haya hecho con el convencimiento de que ese es el camino histórico necesario y en los países miembros más antiguos, en paralelo a una fuerte demanda de mano de obra industrial, ha facilitado esta transformación, de otro modo traumática (dejar atrás raíces familiares y culturales, desarraigo, choque cultural y de modo de vida, etc). Si bien, a partir de los ochenta, con el deterioro del Estado de Bienestar y la caída del muro de Berlín, las circunstancias no han sido tan fáciles. Además, las sucesivas incorporaciones de nuevos países en la UE siempre han tensionado los intereses de los miembros de pleno derecho. Desde dentro se ha valorado muy positivamente el crecimiento potencial de la población consumidora y se ha observado con recelo la competencia en la producción. Pero lo que más ha preocupado ha sido el desequilibrio entre contribuyentes al presupuesto común y perceptores del mismo. Es por eso que las ampliaciones han estado marcadas por un periodo transitorio previo (para adaptarse a los compromisos de entrada) y un periodo más o menos largo de transición a partir de la adhesión, en el que se igualan las obligaciones, pero no los derechos. Diferencia más acusada cuanto menor ha sido la riqueza objetiva de los países candidatos y que se ha agudiza cuando el sector agrario no está suficientemente modernizado. En otras palabras, cuando la población activa agraria es alta y sus explotaciones tienen un fraccionamiento muy superior a la media comunitaria. En algunos casos se ha retrasado la adhesión durante años, desde la solicitud hasta la integración (caso de Grecia), lo que no ocurrió con Inglaterra y Dinamarca. La adhesión de los países del Este es uno de los procesos de ampliación más críticos de la UE. La cuantía de países, (10 de una sola vez, aunque se han excluido a dos de los más pobres, Bulgaria y Rumania) y la diferencia de riqueza y condiciones productivas, hace temer por el incremento de las transferencias del presupuesto comunitario, tanto a los contribuyentes netos, como a los principales beneficiarios actuales de las ayudas estructurales<!–[if !supportFootnotes]–>[25]<!–[endif]–>.
El desacoplamiento de las ayudas de la producción, maquilla y oculta todos los elementos que se han criticado a la PAC. Se introduce en 1992 con las ayudas directas como compensación a la bajada de los precios de intervención y cuyo cálculo se hace en base a rendimientos, vinculados obviamente a la productividad y competitividad de las explotaciones. Se consolida en la Agenda 2000 al constituirse como mecanismo principal de compensación de rentas que se extiende poco a poco a todas las Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs)<!–[if !supportFootnotes]–>[26]<!–[endif]–>. En la última propuesta, actualmente en negociación, adquiere una forma transfigurada y aparentemente autónoma de la producción mediante una única ayuda por explotación que suma todas las ayudas directas y borra el rastro del cálculo de la prima. Se desfigura el origen de una asignación que premia a las explotaciones más grandes, más rentables y más intensivas en capital. Pero, si el apoyo se da por las dificultades para sobrevivir, en un contexto obligado por la OMC de importación de alimentos a bajo precio, es contradictorio ayudar más a quienes están mejor preparados para enfrentar el golpe. Por otro lado, incluso si se apoya en la misma proporción a todas las explotaciones, grandes y pequeñas, capitalizadas y descapitalizadas, el objetivo no confesado es impulsar la desaparición de las explotaciones de menor escala, lo que contribuye a acelerar el ciclo, siempre insuficiente, de la competitividad.
El mercado mundial no es el mercado de las pequeñas y medianas explotaciones, sino de las grandes y de la agroindustria. La distribución a gran escala es su territorio, su terreno específico. En el ámbito propio de la producción agraria se dan además, tres circunstancias diferentes al resto de las mercancías. Los vendedores son muchos y el comprador es uno sólo, que a su vez y cada vez más, les ha suministrado materias primas, materias auxiliares y medios de producción. Los productos son, en general, perecederos y por ello, asunto de Estado, al menos en caso de crisis alimentaria. Aun en los casos de las producciones más industrializadas, siempre intervienen variables naturales, desde que se decide qué producir hasta que el producto puede llegar al mercado, cuyos tiempos y condiciones escapan a nuestro control. Estas circunstancias hacen que esta mercancía se comporte de forma diferente a las demás, sus precios respondan difícilmente a la relación entre la oferta y la demanda y, sobretodo, sea un mercado necesariamente intervenido.
Considerar que haciendo más justas las reglas del comercio internacional y eliminando las subvenciones a la agricultura doméstica, se restablece el equilibrio y a partir de ahí, es posible que los productos del Sur puedan “competir” en los mercados del norte, es quedarse en la superficie. Lo que se restablecería es una mejor competencia de los capitales. La guerra entre ellos no sería tan desfavorable para los países del Sur. Pero en ningún caso permitiría a la agricultura campesina seguir cumpliendo su función de garantizar la soberanía alimentaria y lo que no es menos importante, su propia supervivencia. No distinguir entre los diferentes mecanismos de protección de los productos agrícolas (algunos de los cuales atentan simultáneamente con la supervivencia de la población campesina propia y en grado mayor con la ajena) además, pasa de ser una visión que podría calificarse de ingenua, a facilitar la aceleración de la implantación del modelo de agricultura sin agricultores. Para no caer en esa simplificación o incluso hacer el juego a políticas que se dice combatir, es preciso tener en cuenta el impacto de las políticas agrarias de Estados Unidos y la UE sobre su propia población campesina.
La PAC nunca ha sido una política agraria, en el sentido de planificar las actuaciones en el campo, ordenar el territorio, interiorizar los condicionantes medioambientales y desarrollar una política social en el medio rural. Más bien ha funcionado como una política de intervención en los mercados agrícolas, promoviendo la estructuración de una potente industria agroalimentaria, aunque ello supusiera la desaparición de la población campesina propia, el desequilibrio del medio rural y un deterioro ecológico creciente. En la misma línea no ha promovido una política alimentaria, sino más bien, ésta se ha supeditado a la balanza comercial. Obviamente, al tratarse de uno de los bloques económicos, junto con Estados Unidos y Japón, no ha peligrado la suficiencia alimentaria, pero sí la seguridad y calidad de los alimentos, agudizado por el flujo de importaciones-exportaciones, en un ciclo sin fin de especialización y deslocalización productiva cada vez mayores.
Esta política de “protección” a la agricultura que en el año 2002 ha invertido 44.000 millones de euros (7,3 billones de pts), ha impulsado, desde su origen, este modelo de agricultura y consumo, sin hacerse cargo de las consecuencias sociales, económicas y ecológicas que provoca aquí, pero sobre todo, en los países empobrecidos. De hecho, la compensación por bajada de precios mundiales se ha basado, hasta 1992, en los rendimientos (cobraba más quien más producía) y a partir de entonces, en la superficie o cuota de producción (igualmente recibía más, quien más tenía). Por eso, a pesar de las ayudas, cada año desaparecen agricultor@s. En el Estado Español desde el ingreso en la UE, han desaparecido más de un millón de explotaciones familiares agrarias. Como afirma la Vía Campesina<!–[if !supportFootnotes]–>[27]<!–[endif]–>, “las políticas agrarias de EEUU y la UE están orientadas, a través de los subsidios, a la producción para la exportación. Estas políticas destruyen la soberanía alimentaria, las economías locales, tanto de los países exportadores como importadores. Estados Unidos y Europa deben reducir su producción y ajustarla a sus necesidades”<!–[if !supportFootnotes]–>[28]<!–[endif]–>
Pero cada vez quedan menos organizaciones agrarias que suscriban una defensa campesina, especialmente en los países del Norte, con EEUU y la UE a la cabeza. La tendencia es la defensa sectorial o nacional, ocultando la competencia entre capitales. Se ha asumido como inevitable la apertura de los mercados y se ha abrazado la competitividad y modernización como el paradigma del progreso agrario. Parece que depende principalmente de la capacidad individual y empresarial saber situarse en el mercado. La presión sobre las instituciones para evitar el recorte de las ayudas se ejerce de forma corporativa, frente a las demandas del resto de sectores agrarios (los sectores cerealero y forrajero, por ejemplo, se desentienden del impacto de los precios sobre el sector ganadero), de l@s consumidor@s, de l@s ecologistas, de l@s contribuyentes, de los demás países comunitarios (si se trata de defender el cheque nacional), de los nuevos países miembros, de la población campesina de países terceros, etc. Este fraccionamiento de intereses, promovido por la propia PAC, no ha sido contrarrestado por las estrategias de los sindicatos agrarios, en una visión cortoplacista y defensiva, sin permitirse observar que la defensa de intereses parciales beneficia a la estrategia del capital, minoriza y aísla cada vez más a la agricultura campesina y familiar, e impide un análisis que integre todos los problemas. Convierte la solución de los problemas agrarios, en parte del problema de los demás intereses afectados, sin integrar las necesidades de éstos.
La Vía Campesina, en su calidad de movimiento campesino mundial, y también las organizaciones europeas en ella integradas (CPE, COAG, SOC), tienen en sus manos el reto de impedir el despliegue del modelo de producción, distribución y consumo, aumentando con ello el reconocimiento y apoyo recibido por los movimientos sociales en su Campaña “Fuera la Agricultura y la Alimentación de la OMC”. Propiciar e impulsar, en diálogo con otros movimientos sociales, un espacio de posibilidades y esperanzas de ejercer la soberanía alimentaria ciudadana, o conformarse con ser escuchadas y colaborar para otra globalización con rostro humano.
FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN E INSEGURIDAD ALIMENTARIA, SOBERANÍA ALIMENTARIA
Soluciones parciales, parte del problema
Todo este panorama permanece oculto, en general, a la población. Sólo últimamente, y ante los sucesivos escándalos alimentarios ha aumentado la sensibilidad por los alimentos que comemos. Ha crecido la desconfianza, pero sin interrogarse, en general, por las causas.
En los últimos años han aparecido iniciativas que intentan aportar soluciones reales, aunque parciales, al problema de inseguridad alimentaria. Algunas de estas iniciativas no se cuestionan si los alimentos “ecológicos” viajan miles de kilómetros, si se venden en grandes superficies, si son promocionados por multinacionales que negocian con los transgénicos, si sólo son para clases pudientes, etc. En definitiva, si no hay que incorporar también otros criterios ecológicos y también sociales.
La agricultura y el consumo de productos “biológicos” se presenta como una solución necesaria para proporcionar alimentos sanos a quien los consume y como respuesta a la contaminación medioambiental, al agotamiento de los recursos, a la crisis del ecosistema, pero ésto no es suficiente. En el Estado Español sólo el 1.5% de la superficie agrícola es ecológica, pero se exporta el 90% a mercados exteriores (Holanda, Francia, Alemania). Los consumidores ecológicos europeos, con un poder adquisitivo alto, importan productos ecológicos de cualquier parte del mundo y emplean la lógica y los circuitos habituales de distribución con los consiguientes impactos energéticos y el desentendimiento de las condiciones en que producen, en las explotaciones agrícolas o en las grandes superficies, las trabajador@s. Extender por tanto, la producción biológica con el mismo modelo de distribución y consumo, no es ecológico y no se compromete con las condiciones de pobreza de una parte importante de la población del Norte y del Sur.
En definitiva, desde el modelo agroalimentario dominante, y a pesar de que el 50% de la población mundial sea todavía campesina –el 80% cultivan sus propios alimentos-, la contraposición de intereses distintos y cada vez más enfrentados, entre personas agricultoras y consumidoras, dificulta la elaboración de un discurso que integre las necesidades de todas, que vaya a la raíz de los problemas y que permita desarrollar, experiencias y espacios, reales, de economía solidaria y apoyo mutuo.
Las personas, agricultoras o consumidoras, estamos indefensas en una situación que nos convierte en víctimas y, a la vez, colaboradoras eficientes en nuestra faceta de consumidor@s, productor@s, trabajador@s, reclamando intereses diferentes según adoptemos uno u otro papel.
El fraccionamiento de las posiciones, da lugar a planteamientos igualmente parciales e individualistas, al partir de una visión fragmentada que convierte cada solución en parte del problema. De hecho, se presentan soluciones parciales de diverso tipo: a) preservar los derechos de la naturaleza sin atender a las condiciones en que l@s agricultor@s, viven en los pueblos, trabajan y venden el producto de su trabajo, ni a las necesidades de l@s consumidor@s; b) proporcionar o promover el consumo de alimentos sanos, biológicos, pero no cuestionar el modelo de producción y circulación mercantil de los alimentos desentendiéndose, por tanto, de las condiciones de vida de la mayor parte de las personas consumidoras y propiciando un nicho de mercado biológico de élite; c) soluciones que sólo parten de las necesidades e intereses del sector agrario y profundizan más la brecha entre población agraria y población consumidora, agudizan las dificultades para que haya alimentos sanos y suficientes para toda la población y tampoco garantizan la viabilidad de las explotaciones agrarias familiares o comunitarias, del norte y del sur; d) iniciativas de comercio justo Norte-Sur, que tienen la mejor intención solidaria con campesinos del Sur, pero no dan cuenta de la realidad que afecta a los campesinos del Norte, también en desaparición, además de ignorar el principio de cercanía. Todas estas razones no deben desconsiderar los múltiples aspectos positivos que contienen muchas de las iniciativas “parciales” frente a la soberanía alimentaria, sino tan sólo, mostrar su coexistencia pacífica con un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos incompatible con la seguridad alimentaria de la inmensa mayoría de la población mundial.
Articular la soberanía alimentaria desde un movimiento social agroecológico y responsable
Reclamar la seguridad alimentaria no es una cuestión exclusivamente campesina, sino también ciudadana. No sólo porque el modelo alimentario y sus consecuencias en salud, económicas, ecológicas y sociales nos afectan a tod@s. También porque ejercer la soberanía alimentaria supone reconstruir las relaciones de intercambio en múltiples direcciones: campo-ciudad; campesin@s-consumidor@s; autócton@s-inmigrantes; Norte-Sur; subsidios agrícolas-ayuda alimentaria; pobres de hoy-generaciones futuras; medioambiente según el Norte-agroecología según el Sur. La defensa de la seguridad alimentaria implica saberse parte interviniente, responsable y solidaria en los hábitos de consumo, es decir, a la hora de comprar alimentos cada día.
El conocimiento, la actitud y la responsabilidad ante la propia alimentación es un acto político, de soberanía alimentaria. Educar-nos para alimentar-nos con dignidad y de forma saludable, teniendo en cuenta las consecuencias de nuestra elección, es una tarea necesaria, hoy más que nunca. Las personas involucradas en asociaciones/redes/cooperativas de consumo agroecológico, consideramos que esta es una aportación real y concreta que podemos compartir con otras personas preocupadas que se esfuerzan, desde otras dimensiones de lo social (inmigración, salud, educación, feminismo, sindicalismo, entre otras), por construir un mundo más humano y sostenible hacia el futuro. De la mano de ese empeño, es necesario desarrollar espacios comunes de cooperación entre proyectos de producción y consumo agroecológicos para superar nuestras limitaciones y, si es posible, ayudarnos a resolver algunos de los problemas que venimos teniendo, vinculados en general, a nuestra pequeña escala y al esfuerzo enorme que hay que hacer para que estos proyectos de economía social sobrevivan y se desarrollen.
Es necesario reconstruir las relaciones económicas entre las personas. Hacerlo desde la apuesta colectiva y organizada por un consumo responsable y comprometido con las necesidades de consumidor@s y agricultor@s, respetuoso con los ciclos naturales y las generaciones futuras. Explorar soluciones diversas que tengan en cuenta a todas las partes (producción, consumo y distribución-transporte). Agricultor@s buscando un vínculo con consumidor@s que quieran ver algo más que el producto y el precio. Consumidor@s que se asocian y crean las condiciones para la producción agroecológica. Estas apuestas se llevan haciendo bastantes años desde diversos proyectos alternativos. Pero precisan la vocación de transcrecer los límites que marcan el necesario esfuerzo militante y la “identidad propia”. Por un lado, dar seguridad a l@s agricultor@s agroecológic@s. Por otro, asegurar unas condiciones de viabilidad más allá de un consumo de apuesta política testimonial, mostrando a sectores crecientes de la sociedad que “otra forma de alimentarse es posible”. Todo ello cuidando la escala y la dimensión de los proyectos, porque se puede morir tanto por ser inviable como por ser demasiado viable<!–[if !supportFootnotes]–>[29]<!–[endif]–>.
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Los alimentos transgénicos son una salida falsa de superación de los problemas no resueltos o creados por la agricultura industrial y mal llamada revolución verde (desnutrición, hambre, desarraigo, contaminación, erosión, plagas, etc.). Las semillas transgénicas que se cultivan, el maíz en el caso de la Unión Europea, son resistentes a determinados herbicidas químicos, con lo que aumenta su uso. Llevan genes que inutilizan los efectos de los antibióticos, lo que implica que, a medio plazo, puedan volverse inservibles como medicamentos, al menos aquellos antibióticos vinculados con estas semillas. En definitiva se agudizan, en un círculo vicioso, los problemas que se prometen resolver: crecimiento de plagas, resistencia a los productos que combaten las plagas, aumento de la contaminación de aguas y suelos, pérdida de fertilidad de la tierra, menores rendimientos de los cultivos.
A las semillas estériles (Terminator, Verminator) se les ha amputado la capacidad de autorreproducirse. Aparentemente es absurdo desarrollar estas semillas. Sin embargo, beneficia a las multinacionales del “agrobusiness”, para las que el negocio es la reproducción y venta de semillas, obligando a quien las necesita a comprar cada vez, antes de cada siembra.
<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> Las patentes son derechos de propiedad intelectual sobre semillas, plantas, animales y células humanas, de uso exclusivo para quien paga a la multinacional propietaria, aunque esta se lo haya robado a la comunidad que los conserva y depende de ellos, e incluso a la persona que generó tales células, sin su consentimiento. Son el tercer elemento con el cual, la tecnología de las semillas transgénicas y/o muertas, alcanza el objetivo perseguido de maximizar los beneficios, concentrados a su vez, en un número cada vez más reducido de empresas. Sin la patente sobre la semilla o sobre la tecnología aplicada a la semilla, no se asegura que todos los beneficios económicos derivados de la inversión tecnológica, recaigan de forma exclusiva sobre la empresa beneficiaria de la patente.
<!–[if !supportFootnotes]–>[4]<!–[endif]–> Declaración de los Jefes de Estado sobre la seguridad alimentaria mundial, 13 de noviembre de 1996
<!–[if !supportFootnotes]–>[5]<!–[endif]–> Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, La Habana, Cuba, 7 de septiembre del 2001.
<!–[if !supportFootnotes]–>[6]<!–[endif]–> Los alimentos transgénicos son una salida falsa de superación de los problemas no resueltos o creados por la agricultura industrial y mal llamada revolución verde (desnutrición, hambre, desarraigo, contaminación, erosión, plagas, etc.) –ver nota 7 sobre la revolución verde- Las semillas transgénicas que se cultivan, el maíz en el caso de la Unión Europea, son resistentes a determinados herbicidas químicos, con lo que aumenta su uso. Llevan genes que inutilizan los efectos de los antibióticos, lo que implica que, a medio plazo, puedan volverse inservibles como medicamentos, al menos aquellos antibióticos vinculados con estas semillas. En definitiva se agudizan, en un círculo vicioso, los problemas que se prometen resolver: crecimiento de plagas, resistencia a los productos que combaten las plagas, aumento de la contaminación de aguas y suelos, pérdida de fertilidad de la tierra, menores rendimientos de los cultivos.
<!–[if !supportFootnotes]–>[7]<!–[endif]–> A las semillas estériles (Terminator, Verminator) se les ha amputado la capacidad de autorreproducirse. Aparentemente es absurdo desarrollar estas semillas. Sin embargo, beneficia a las multinacionales del “agrobusiness”, para las que el negocio es la reproducción y venta de semillas, obligando a quien las necesita a comprar cada vez, antes de cada siembra.
<!–[if !supportFootnotes]–>[8]<!–[endif]–> Las patentes son derechos de propiedad intelectual sobre semillas, plantas, animales y células humanas, de uso exclusivo para quien paga a la multinacional propietaria, aunque esta se lo haya robado a la comunidad que los conserva y depende de ellos, e incluso a la persona que generó tales células, sin su consentimiento. Son el tercer elemento con el cual, la tecnología de las semillas transgénicas y/o muertas, alcanza el objetivo perseguido de maximizar los beneficios, concentrados a su vez, en un número cada vez más reducido de empresas. Sin la patente sobre la semilla o sobre la tecnología aplicada a la semilla, no se asegura que todos los beneficios económicos derivados de la inversión tecnológica, recaigan de forma exclusiva sobre la empresa beneficiaria de la patente.
<!–[if !supportFootnotes]–>[9]<!–[endif]–> Para mayor detalle ver P. Galindo. “Contaminación transgénica e inseguridad alimentaria: consecuencias del modelo mundializado de la alimentación”. Congreso de Agricultura Ecológica de Valencia. Noviembre de 2002. Pendiente de publicación.
<!–[if !supportFootnotes]–>[10]<!–[endif]–> El modelo de producción, distribución y consumo implantado en EEUU y la Europa de los Seis, se extiende y consolida a escala planetaria desde los años 70, a partir de lo que se conoce como la Revolución Verde. Se denomina así, al fenómeno propiciado en los setenta por la FAO, de extensión de la agricultura industrial a los países empobrecidos bajo el argumento de que era la única forma de resolver el problema de las necesidades alimenticias de una población creciente. La base de esta agricultura consiste en un alto empleo de tecnología (maquinaria, irrigación, semillas híbridas, fertilización química y productos químicos para la lucha contra las plagas y enfermedades) considerando ineficientes e inapropiadas tanto la forma tradicional de la agricultura de cada zona, como los conocimientos a ella asociados de manejo de suelos, agua, semillas, cultivos, etc. Es una de las principales consecuencias del aumento de la deuda exterior de los países empobrecidos que se han visto obligados, para pagar los intereses de esa deuda, a producir cultivos de exportación demandados en el mercado internacional y a importar los alimentos básicos para su población o incluso solicitar ayuda alimentaria. La revolución verde ha hipotecado tanto la soberanía como la seguridad alimentaria de los países empobrecidos.
<!–[if !supportFootnotes]–>[11]<!–[endif]–> No es lo mismo pequeña producción y producción campesina, aunque una de las características de esta última sea su pequeña escala. El modelo de producción, distribución y consumo de alimentos dirigido al mercado global, actúa cuantitativamente sobre la pequeña producción que produce para el mercado pero no puede competir, porque incluso sus parámetros son diferentes (pocos productos, calidad, artesanía incluso). Sobre la producción campesina además se ejerce una presión cualitativa, destruyendo los fundamentos sobre los que opera el modo de producción, distribución y consumo campesino, que también es un modo de vida, vinculado a lo rural. No en vano, las familias agricultoras de los países occidentales ya no gustan llamarse campesinas. La extensión de la cultura urbana ha roto sus raíces y se identifica campesino con inculto, desarrapado y paleto. En última instancia, tampoco cumplen ya una de las funciones campesinas vinculadas a la protección de la agrobiodiversidad, el intercambio y cuidado de las semillas y variedades locales. El conocimiento del campo no tiene valor, ya no forma parte de las cualidades de las personas agricultoras, que pretenden ser ante todo, empresarias. Por último, hay que considerar la producción campesina para el autoconsumo, que obviamente es preciso que desaparezca, para “liberar” personas consumidoras. En la medida en que la población campesina,marginada del ciclo económico porque mantiene estructuras productivas autosuficientes, queda “liberada” de estos recursos y expuesta libremente al mercado, su opción de integración se moverá entre: 1) contratarse como mano de obra agrícola; 2) emigrar a las megalópolis del Sur y aumentar sus bolsas de pobreza; o 3) convertirse en inmigrantes sin papeles de los países del Norte, emplead@s sin la protección de derechos que gozan l@s autócton@s, mientras venden su piel en devolver la deuda que les posibilitó el pasaje al país de la libertad.
<!–[if !supportFootnotes]–>[12]<!–[endif]–> Tanto el Informe sobre Desarrollo Mundial 2003 del Banco Mundial, como el informe de las Naciones Unidas “Desafío mundial, oportunidad mundial” dados a conocer en el contexto de la cumbre aportan datos sobre los problemas ecológicos y sus consecuencias sobre la salud y la capacidad de supervivencia de la población mundial. Destacamos los que acrecientan los riesgos de mortalidad por carecer de mínimas condiciones de salubridad. De 6.000 millones de habitantes, 1.100 millones carecen de agua potable (54% en Africa), 2.000 millones tienen que vivir con menos de 50 litros al día y 2.400 millones carecen de saneamientos mínimos. A consecuencia de ello 2,2 millones mueren anualmente de enfermedades diarreicas (evitables) de los cuales 1,7 millones son niños. El 40% de la población afronta escasez de agua y dentro de 25 años la mitad de la población tendrá serios problemas de abastecimiento. Sin embargo, el uso mundial de agua ha aumentado en 6 veces en el último siglo, duplicando la tasa de crecimiento de la población. El 50% de la población vive en ciudades, pero el 70% de la misma se hacina en suburbios sin urbanización. Las previsiones indican que esta tendencia va a aumentar, sobretodo por el desplazamiento de población campesina.
<!–[if !supportFootnotes]–>[13]<!–[endif]–> Los acuerdos para garantizar a la población mundial agua potable y saneamiento se han limitado al compromiso de reducir, en el 2015, las vergonzosas cifras actuales a la mitad. El coste estimado son 20.000 millones de dólares/año y se apunta a la iniciativa privada (privatizar servicios??). Esto activará aún más el afán de las multinacionales por hacerse con el control del agua. Ver Vandana Shiva “Water Wars. Privatization, Pollution, and Profit”. Cambridge, 2002. South End Press.
<!–[if !supportFootnotes]–>[14]<!–[endif]–> Los acuerdos para garantizar a la población mundial agua potable y saneamiento se limitaron al compromiso de reducir, en el 2015, las vergonzosas cifras actuales a la mitad. El coste estimado son 20.000 millones de dólares/año y se apunta a la iniciativa privada (privatizar servicios??). Esto activará aún más el afán de las multinacionales por hacerse con el control del agua. Ver Vandana Shiva “Water Wars. Privatization, Pollution, and Profit”. Cambridge, 2002. South End Press.
<!–[if !supportFootnotes]–>[15]<!–[endif]–> En la Cumbre de Hong-Kong emergió una división entre los países del Sur. De un lado los agroexportadores, que han preferido intercambiar protección de manufacturas y servicios propios por penetración en otros mercados, incluidos los del resto de países empobrecidos del Sur. Del otro lado, estos últimos, cuya única defensa es la protección de sus mercados locales para poder mantener las propias producciones, agrarias o no y evitar con ello una mayor sangría contra su propia población.
<!–[if !supportFootnotes]–>[16]<!–[endif]–> Declaración de la Via Campesina 29-7-06, publicada en Kaosenlared.net [actualizado 12 de agosto de 2006] www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=21489
<!–[if !supportFootnotes]–>[17]<!–[endif]–> La explicación detallada de los mecanismos de la PAC y su evolución desde 1962 ilustraría aún más los argumentos que empleamos en este artículo. Sin embargo, no es el objetivo aquí de entrar en ese análisis tan detallado que nos proponemos para otra ocasión. Más bien pretendemos argumentar lo que afirmamos en el título de este apartado. Es decir, que la PAC es consistente con la política agraria internacional impulsada desde la OMC. No obstante, y en la medida en que sea preciso, mostraremos cómo funcionan sus mecanismos .
<!–[if !supportFootnotes]–>[18]<!–[endif]–> Con la aparición de las medidas complementarias, se inaugura una cofinanciación que discrimina entre regiones. Las regiones con un PIB per cápita inferior al 75% de la media comunitaria tienen derecho a un 75% de contribución del presupuesto comunitario, mientras que el resto recibe el 50%. Aunque aparentemente es un mecanismo de compensación territorial, se ha convertido en lo contrario, dado que los Estados con mayor PIB están en mejores condiciones de financiar estas medidas (de carácter voluntario), gastando mayor presupuesto comunitario, aunque tenga una tasa inferior de financiación.
<!–[if !supportFootnotes]–>[19]<!–[endif]–> Siempre coincidiendo con necesidades de agenda internacional y vinculadas a las evoluciones de la OMC: reforma de 1992 y agenda 2000.
<!–[if !supportFootnotes]–>[20]<!–[endif]–> Las restituciones a la exportación son subvenciones destinadas a los operadores que venden en el mercado internacional, básicamente multinacionales, para facilitar la exportación mediante “compensaciones” por unos “precios mundiales” más bajos que en el mercado interior. Fruto de estas subvenciones los precios internacionales pueden seguir siendo bajos, incluso inferiores a los precios de producción de los países donde va destinado. A su vez, los aranceles reducen la competencia de los productos procedentes del mercado exterior. Ninguna de estas medidas beneficia a las familias agricultoras de los países de origen y destino de los productos.
<!–[if !supportFootnotes]–>[21]<!–[endif]–> Los precios de intervención son precios de compra pública. Este mecanismo permite contener la renta de l@s productor@s si el precio cae por efecto de exceso de oferta (buena cosecha, aumento de productividad) o por entrada de productos a bajo precio. Obviamente si el nivel de dicho precio se rebaja, compensará mejor a las explotaciones mayores y más intensificadas. Poco a poco se han ido introduciendo otros mecanismos como la financiación de almacenamiento privado (ayudas para aplazar la venta a la espera de mejores precios), que aún favorecen más a las explotaciones mayores o más lucrativas, dado que se trata de un riesgo que no siempre garantiza un mejor momento de precios, aventura en la que las explotaciones pequeñas no siempre pueden meterse.
<!–[if !supportFootnotes]–>[22]<!–[endif]–> Las cuotas de producción es otro mecanismo destinado a frenar la caída de los precios, pero sobretodo a reducir los gastos públicos. Se trata de poner límite al volumen producido que no a la forma de producción. Pero no se corresponde con la demanda de consumo, sino que beneficia a los países miembros más antiguos que extienden su mercado sobre los nuevos. Además, en un sistema que fomenta la intensificación y el aumento de la productividad, se convierte en un mecanismo perverso de eliminación de las explotaciones que no “dan la talla”.
<!–[if !supportFootnotes]–>[23]<!–[endif]–> Las ayudas directas se implantaron en 1992 ante el nacimiento de la OMC, para comenzar a desvincular las subvenciones de la producción. Son un mecanismo de compensación parcial de rentas, ante la obligación de adaptarse a los precios del mercado mundial y a los porcentajes obligatorios de entrada de productos agrícolas.
<!–[if !supportFootnotes]–>[24]<!–[endif]–> El tamaño medio de explotación agraria en la UE son 18 hectáreas frente a 200 ha en EEUU. El valor monetario de la producción es semejante pero se realiza en más de 7 millones de explotaciones en la UE, frente a 2 millones en EEUU. El horizonte, por tanto, es reducir las diferencias de productividad con EEUU, antes de abrir las fronteras. Continuar con la estrategia de mantener ayudas a la exportación para los que operan en el mercado internacional, pero forzar a la reducción de costes de producción mediante la bajada de los precios de intervención, logrará la expulsión de las explotaciones que no puedan resistir tales recortes, ni con ayudas directas.
<!–[if !supportFootnotes]–>[25]<!–[endif]–> Las cifras hablan por sí solas. La ampliación añade un 23% de población –75 millones más de consumidores, frente a los actuales 375 millones-, pero en términos de PIB apenas supone el 4,5%. En comparación, la ampliación de España, Portugal y Grecia supuso el 22% de la población y el 10% del PIB. El resultado es que la renta per cápita de la UE se reducirá un 15%. Al interior de los países candidatos también crece la incertidumbre, no sólo por las condiciones de la negociación, sino también por el balance entre los beneficios de pertenecer a uno de los principales bloques económicos, y las concesiones derivadas de esa pertenencia.
<!–[if !supportFootnotes]–>[26]<!–[endif]–> La PAC se articula a través de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs) en las que se estructuran los sectores productivos agrícolas y ganaderos. En un principio las OCMs se constituyen básicamente para cereales, leche y carne (las denominadas producciones continentales). Actualmente regulan el 90% de las producciones y los mecanismos también se han hecho más complejos. De hecho hay un conjunto de medidas complementarias, que no se aplican en el seno de las OCMs, sino con carácter general, a las explotaciones susceptibles de acogerse en cada caso.
<!–[if !supportFootnotes]–>[27]<!–[endif]–> La Vía Campesina es un movimiento mundial de organizaciones campesin@s e indígenas, que defienden a trabajador@s sin tierra, pequeñas y medianas agricultor@s que desde 1993 decidieron unirse para denunciar los efectos de las políticas de la OMC y los Tratados de Libre Comercio sobre las economías de las familias campesinas e indígenas. Su principal aporte al movimiento antiglobalización ha sido la denuncia y acción sobre cultivos y alimentos transgénicos, comida basura, patentes y semillas muertas, el establecimiento de un día mundial de luchas campesinas (17 de abril), y a través de líderes como José Bové, reivindicar que la alimentación no es una mercancía y debe salir de las regulaciones de la OMC. Su principal trabajo está siendo la demanda de la soberanía alimentaria uno de cuyos factores principales es el acceso a la tierra y a los recursos productivos.
<!–[if !supportFootnotes]–>[28]<!–[endif]–> Intervención de Paul Nicholson, Vía Campesina, en el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, La Habana, 3-7 septiembre de 2001. Cuba
<!–[if !supportFootnotes]–>[29]<!–[endif]–> La propuesta con la que se concluye este artículo no es un canto de sirenas. Tampoco pretende señalar un camino ideal o para que otros/as lo hagan. Se trata de la apuesta real, consciente y colectiva, surgida del empeño y la experiencia de impulsar redes de consumo agroecológico responsable. Edificar espacios de convergencia en lo social. Creación y dinamización de un área de Agroecología vinculada con el movimiento antiglobalización como forma de expresión y transformación de realidades colectivas ya existentes. Espacio con la vocación de articular un movimiento social que haga realidad la soberanía alimentaria desde lo que somos, desde nuestra práctica. Poniéndole palabras a lo que hacemos para sensibilizar a otros/as y con el convencimiento de que para hacerlo y, a la vez, superar nuestras limitaciones, tenemos que partir del diálogo sobre los problemas y dificultades cotidianas de convertir en realidad un consumo agroecológico y responsable. Como muestra de ello adjuntamos los materiales más significativos de nuestras aportaciones desde el Área de Agroecología a la Campaña contra la Europa del Capital y la Guerra. También mostramos los principios desde los que entendemos la agroecología y el consumo responsables (ver Anexos).
Un alto funcionario del Servicio Ruso de Seguridad Federal (FSB) hablando extra-oficialmente a reporteros la mañana del lunes en el Kremlin etiquetó al sitio web social EstadounidenseFacebook como el «Arma de Guerra de Información» más peligrosa del mundo y señaló que a menos que sus poderes sean controlados, las libertades de todos en la Tierra les serán arrebatadas por completo. Por: Sorcha Faal y como se informa a sus suscriptores Occidentales.
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